Recordamos que el comisario Palacios estuvo vinculado a la etapa del encubrimiento de la investigación del atentado contra la AMIA, que fuera calificada por el Tribunal Oral Federal como “un armado al servicio de intereses inescrupulosos”.
Palacios fue denunciado como partícipe del encubrimiento por el fiscal Alberto Nisman en mayo del año pasado y el juez federal Ariel Lijo lo indagó recientemente por esos hechos, por lo que sería inminente su procesamiento. En la causa se ha probado que Palacios llamó desde su celular a dos teléfonos del domicilio de Kanoore Edul antes de que se ejecutaran los allanamientos ordenados en esos mismos domicilios. Finalmente, luego de un llamado de Munir Menem, hermano del entonces presidente, esos allanamientos fueron interrumpidos por Palacios sin siquiera constar una orden en ese sentido de Galeano.
La designación de un individuo que está sospechado de haber sido partícipe del encubrimiento del peor ataque terrorista ocurrido en nuestro país, en el corazón mismo de la ciudad cuya seguridad Palacios debería garantizar, y el mayor ataque que sufriera una comunidad judía fuera de Israel después del Holocausto, sólo puede significar una cosa: IMPUNIDAD.
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